La Ley 39/2006, en vigor desde el 1 de enero de 2007, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
El Consejo de Europa define como dependencia "aquel estado en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidades de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria".
